Alberto Fernández, entre causas judiciales: el último líder peronista bajo la lupa por corrupción y violencia de género

El expresidente argentino Alberto Fernández, quien dejó la Casa Rosada en diciembre de 2023, enfrenta ahora un complejo panorama judicial que amenaza con empañar aún más la imagen del peronismo en el país austral. Investigado por presunta corrupción durante su mandato y recientemente denunciado por violencia de género por parte de su expareja, Fernández se convierte en el más reciente eslabón de una cadena de líderes peronistas involucrados en escándalos judiciales.

Un patrón que se repite

Fernández sigue así los pasos de otros expresidentes de su corriente política que han tenido que enfrentar a la justicia. Carlos Menem, Cristina Fernández de Kirchner y otros miembros del kirchnerismo han sido investigados por enriquecimiento ilícito o abuso de poder. Ahora, es el turno del propio Alberto, quien durante su mandato abanderó un discurso de ética pública y derechos humanos.

Las investigaciones actuales apuntan a irregularidades en contrataciones estatales, desvío de fondos públicos y uso indebido de recursos. Aunque no se ha emitido imputación formal, se espera que sea citado a declarar en los próximos meses.

Una denuncia que agrava el escenario

En paralelo, enfrenta una denuncia por violencia de género presentada por una expareja, quien lo acusa de maltrato psicológico y control emocional. La causa está en fase preliminar pero ya ha generado un fuerte impacto mediático y político en Argentina.

Silencio del expresidente y tensión en el peronismo

Fernández no ha hecho declaraciones al respecto. Fuentes afirman que ve estas causas como parte de una persecución política, como otros dirigentes del kirchnerismo. No obstante, el malestar en sectores del peronismo es evidente ante el temor de más deterioro político y electoral.

Conclusión

La situación judicial de Fernández podría convertirse en un lastre para el peronismo argentino, que ya enfrenta crisis interna tras su salida del poder. Las denuncias, tanto por corrupción como por violencia, reflejan un contexto político en el que la confianza institucional sigue en entredicho.