La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido semanas atrás en Bogotá. En una declaración que ha generado gran conmoción, el ente acusador confirmó que alias el Costeño, uno de los presuntos autores intelectuales del ataque, engañó al sicario momentos antes de que este ejecutara la acción criminal.
Según las investigaciones, el Costeño le aseguró al sicario que el objetivo no era matar a Uribe Turbay, sino simplemente "darle un susto" como forma de presión. Esta mentira habría sido clave para convencer al ejecutor, quien terminó cumpliendo con el atentado bajo premisas falsas.
Durante una audiencia pública, la Fiscalía presentó interceptaciones telefónicas y declaraciones obtenidas en el marco de la investigación, donde se escucha al Costeño minimizar la gravedad del encargo. “Solo le vas a tirar cerca, pa' que sepa que está vigilado”, habría dicho.
Sin embargo, la evidencia técnica indica que el ataque fue planeado con una clara intención de causar daño, con rutas de escape predefinidas y seguimiento detallado a los movimientos del senador. La gravedad del hecho llevó a que el caso pasara a manos de un fiscal especializado en crimen organizado.
Las autoridades creen que alias el Costeño hace parte de una red criminal con nexos en varias regiones del país, dedicada a la extorsión, el sicariato y el tráfico de armas. El atentado no sería un hecho aislado, sino parte de una escalada de violencia contra figuras públicas.
El engaño al sicario se entiende como una estrategia frecuente dentro de estas estructuras: reducir las dudas del ejecutor con información parcial o falsa. “Les hacen creer que la misión es menor para que no se echen para atrás”, explicó una fuente del CTI.
El atentado provocó una ola de rechazo en el Congreso. Miguel Uribe Turbay, aunque ileso, exigió que se tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los líderes políticos y enfrentar con decisión a las mafias que operan en Colombia.
“El crimen organizado quiere silenciar las voces que no se dejan intimidar. Pero no vamos a callar”, dijo el senador.
El caso evidencia no solo la amenaza directa contra figuras públicas, sino también la forma en que operan las organizaciones criminales en Colombia. El país enfrenta un reto urgente de seguridad, justicia y confianza institucional ante estructuras ilegales cada vez más sofisticadas.
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